EDITORIAL

Los investigadores del país tenemos de nuevo una fecha límite próxima. El 15 de julio debemos tener nuestros proyectos listos para concursar en la Segunda Asignación de Recursos de 1996 del CONACYT en ocho áreas distintas. En la convocatoria se menciona que de la Primera Asignación de Recursos de 1996 resultaron 655 proyectos favorecidos. El nuevo programa está destinado a apoyar hasta 361 proyectos de investigación, de los cuales 300 serán de corta duración (hasta dos años), 50 de larga duración (hasta 5 años), 10 de grupo (hasta cinco años) y 1 megaproyecto (hasta cinco años). De los anteriores, la categoría de los proyectos de corta duración son similares a los de las convocatorias anteriores, mientras que las modalidades restantes son reconocidas como de tipo piloto para asegurar la continuidad de las investigaciones por periodos mayores. Sean bienvenidas todas las intenciones de mejorar los programas de apoyo a la investigación; sin embargo, no está por demás preguntarse si toda la comunidad científica del país solo puede generar ese número de proyectos de calidad en todas las disciplinas. Es claro que "los proyectos aprobados pero que no ganen este concurso y por consiguiente no reciban apoyo dentro de esta Segunda Asignación de Recursos para 1996, podrán concursar nuevamente en la convocatoria de 1997" lo que, podríamos adelantar, generará una considerable lista de proyectos repetidores. ¿Y de los participantes?. También es claro en la convocatoria que "ningún investigador podrá concursar como responsable o participante en dos diferentes modalidades, dado que los Proyectos de Larga Duración y los Proyectos de Grupo son de tipo piloto y los recursos son limitados". Dado que los comités y los miembros distinguidos del CONACYT están formados por investigadores, también cabría preguntarnos si no estamos armando candados innecesarios para tener acceso a la financiación de investigaciones paralelas o de apoyo.

En contraste con paises como EUA, Alemania, Francia y otros, en nuestro país la participacion estatal en la financiación de la investigación científica es superior al 90%. Esto parece indicar que la investigación producida en el país carece de usuarios fuera de los centros académicos, o si éstos existen, ya fueron acostumbrados a recibirla gratuitamente.