EDITORIAL

El pasado agosto, la secretaría de planeación de la UNAM notificó a los académicos de esa dependencia la corrección a las medidas anunciadas en mayo, en las que la administración universitaria dejaría de financiar los gastos y derechos de importación de materiales y equipos destinados a la investigación. El impacto de esa medida se traducía en una reducción a los recursos de los proyectos hasta en un 40 por ciento. A raiz del anuncio de las medidas de mayo, se generó una intensa discusión que puso de manifiesto una política hacendaria que en poco apoya el desarrollo de la investigación científica. Las discusiones se centraron en los problemas que la UNAM enfrenta, pero al mismo tiempo, dio lugar a la reflexión sobre la situación que se vive en el resto de las universidades y centros de investigación. La situación es similar en todas las instituciones. Los proyectos de investigación más grandes normalmente son financiados a través de organismos externos a las instituciones y son apoyadas administrativamente por éstas. Los proyectos más favorecidos son aquellos que garantizan calidad, impacto, formación de recursos humanos, y que sean sometidos por investigadores con reconocimiento (pertenecientes al SNI de preferencia). Llenar los requisitos anteriores ya significa una selección rigurosa. Antes de la promoción 1997 del SNI, el área 1, que es donde la mayor parte de los miembros de la UGM se encuentra, contaba con 1024 (17.5% del total) investigadores potenciales para solicitar uno de los 465 proyectos de investigación para todas las modalidades, suponiendo que ninguno tuviera un proyecto vigente. Del presupuesto de los 250 proyectos de corta duración (2 a 3 años), hasta el 50% puede ser destinado al rubro de inversión, con el cual se adquiere por primera vez o se actualiza el equipo de laboratorios y de apoyo para hacer investigación de excelencia. Suponiendo que los 250 proyectos son a tres años y que se ejerce el tope de $500,000 en inversión, entonces el gasto anual del conjunto sería de 41.6 millones de pesos que, si le aplicamos un 15% de impuestos, entre todos le damos a la Federación sólo 6.2 millones de pesos. Esta cantidad es infinitesimal para la Secretaría de Hacienda, pero es lo suficientemente grande para desestabilizar seriamente las actividades de investigación. En vista de que son los propios investigadores quienes vigilan con mayor cuidado sus recursos, ¿no sería conveniente una política que apoyara a la investigación, premiándola con la eliminación de los impuestos por la compra de sus equipos y material de consumo científicos?. Esperemos que la gestión que está iniciando la comisión de la UNAM para solicitar la eliminación de impuestos a la importación de insumos, marque una nueva ruta en las formas de apoyo a la investigación y a la educación superior del país.