EDITORIAL

Después de las inexplicadas restricciones presupuestales a los centros de investigación por parte de la SHCP durante el primer semestre, sólo atribuibles a las campañas electorales, parece que la comunidad académica sobrevivió. En este segundo semestre, ya asimilado el resultado de las elecciones, se anuncia un recorte del 10% al presupuesto total anual asignado al gasto operativo. Esta medida tiene la finalidad de garantizar un proceso de transición eficaz y la entrega-recepción de los recursos públicos de manera ordenada y saneada a la nueva administración federal (¿hay alguna erogación explícita o implícita en ésto?).

En reciente entrevista, el director del Conacyt, Carlos Bazdresch, mencionó que este sexenio el gasto en ciencia y tecnología (CyT) representó 3.5 por ciento del PIB (0.58 por ciento anual). Considerando los traspiés económicos del primer año del sexenio y las medidas de austeridad de este último, resulta que la mayor parte de ese presupuesto se ejerció en los cuatro años intermedios de “paz administrativa”. Las intenciones iniciales del Ejecutivo federal saliente eran incrementar el gasto en CyT al 1 por ciento anual, mientras que el entrante, se comprometió durante su campaña a alcanzar el 0.8. Independientemente de las posibilidades reales de lograr un incremento así, lo que parece interesante es su intención de que la comunidad académica
elija al Secretario de Educación, al subsecretario de Educación Superior y al director del CONACYT.

De las doce propuestas presentadas por V. Fox en abril a la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), destacan dos por ser novedosas: 1) Promover la creación de una Academia Mexicana de Ciencia y Tecnología que asesore al Presidente, 2) Crear una Secretaría de Ciencia, Inovación e Informática que integre las atribuciones, programas y recursos que se encuentran dispersos en el Conacyt y otras áreas de la administración pública. La continuidad con respecto a los programas del gobierno anterior estaría asegurada por su compromiso de velar por la aplicación de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.

La Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería y la Academia Mexicana de Medicina se comprometieron a elaborar un proyecto de ciencia para entregar al candidato electo para incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo.

La similitud entre las nuevas propuestas y los viejos discursos sobre programas de CyT son muy grandes, por lo que es muy probable que, en lo general, la problemática en ese aspecto ya cuente con un buen diagnóstico.

Cabe preguntar ahora si la creación de una academia y una secretaría le permitirán a la comunidad de CyT saber sobre los destinos de los recortes o incidir sobre los tabuladores de una comunidad mucho mayor que los 8 mil científicos que “repre sentan el corazón del sector” (C. Bazdresch, La Jornada, 14/8/00). Esperemos entonces al proyecto de las academias de Ciencias, Ingeniería y Medicina y su acogida.