Editorial Geos 42-2

Disponibilidad y protección del agua

Como cada año, este 2023 da una nueva muestra del déficit de agua en algunas regiones del país, principalmente en los estados del norte. En algunos lugares, fenómenos como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) se asocian con lluvia en abundancia, mientras que en otros el efecto es inverso. Eventos como ENOS ocurren desde hace miles de años y su periodicidad es variable. La Organización Meteorológica Mundial declaró el 4 de julio como el inicio de El Niño 2023-2024. Aunque los efectos adversos de este evento son conocidos y hasta cierto punto predecibles, las políticas públicas y las respuestas sociales no contemplan el manejo sustentable del recurso agua, por lo que no modifican su forma de uso. Una muestra de ello es la poca atención que se le da a la educación ambiental en todos los niveles educativos. Afortunadamente aún estamos lejos de una sequía como la sufrida durante 2011, cuando a mediados de año, hasta el 23% de territorio nacional se vio afectado por una sequía de intensidad excepcional 4 (D4 en la clasificación de la CONAGUA). Este nivel se caracteriza por pérdidas excepcionales de cultivos, escasez total de agua en embalses, riesgo excepcional de incendios y por la probable situación de emergencia por falta del líquido. De acuerdo con la misma fuente, a mediados de 2023, más del 20% del país se encontraba en una situación de sequía severa (D2), con tendencia a empeorar, en la cual la misma CONAGUA recomienda imponer restricciones en el uso del agua.

Los informes estadísticos de CONAGUA sobre el agua en México muestran que en su mayor parte, el agua es de uso agrícola y ganadero (76%) y que el “uso doméstico” representa solamente el 10%. El 14% restante se distribuye en la industria, empresas y servicios conectados a las redes. Claramente, esta distribución varía enormemente dependiendo de la región, por lo que estas proporciones ofrecen una perspectiva poco útil para planear el desarrollo de las actividades de la sociedad en todo el país. En ese sentido, la capacidad de una región para que en ella se desarrollen actividades humanas debe considerar una buena calidad de la vida en función del tiempo. La sobreexplotación de los recursos hídricos por las actividades productivas, aunada a la creciente sobrepoblación y demanda de espacio para el crecimiento de las zonas urbanas, así como la falta de políticas de protección de las zonas de recarga de los acuíferos, promueven el desequilibrio social en las grandes urbes y muchos centros de población. Una muestra de la necesidad de tener mayor control sobre el recurso hídrico es el hecho de que, según la organización CartoCrítica (11 abril, 2023), en el 62% de los sitios donde se efectúa extracción minera metálica no se cuenta con concesiones para uso de agua. Sobra decir que los rellenos sanitarios en las inmediaciones de las poblaciones no solo suelen estar mal administrados sino que aumentan el peligro de contaminación de los acuíferos y cuerpos de agua superficiales por los lixiviados derivados del mal manejo de la basura. Proyectos como la planta de Tesla en Monterrey y la minería en el norte de México son ejemplos del potencial que tienen las industrias de crear un desequilibrio hídrico alto, promovido por una normatividad y planeación deficiente sobre el recurso agua. A lo anterior habrá que añadir el déficit por la disminución en las cuotas de agua de los ríos Colorado y Bravo derivada del viejo Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944 entre EUA-México.

Por todo lo anterior, es importante que entre las acciones primordiales del Estado, se debe integrar el conocimiento adquirido sobre el medio ambiente para ofrecer a la sociedad una reglamentación basada en datos geocientíficos y estimar los volúmenes de extracción y consumo de los recursos de agua principalmente, a un ritmo que garantice su regeneración. Para lograr dicho conocimiento de los ecosistemas y sus capacidades, será necesario también tener organizaciones capaces de emitir opiniones honestas y usuarios responsables. Finalmente, este conocimiento debe permear a la población en programas formales e informales de educación ambiental.